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Nuevas fórmulas para nuevos tiempos (de crisis). El anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje aprobado ayer por el Consell introduce un mecanismo que permitirá poner en el mercado viviendas de protección oficial a precios más asequibles y en régimen de concesión, como ocurre, por ejemplo, con muchos de los aparcamientos públicos que se construyen a través de los Ayuntamientos.

Los Consistorios podrán ceder sus terrenos a un promotor para que construya viviendas de protección oficial a cambio del pago de un canon. Por éste, el promotor puede vender el «derecho de superficie» y por tanto, la vivienda se otorga en régimen de concesión. Una vez ésta acabe, el propietario podrá optar a comprarla o será recompensado por las mejoras que haya hecho en la misma. El hecho de que el Ayuntamiento ceda el suelo permite rebajar hasta un 25 por ciento del precio de la vivienda, que también será más económico debido a que se trata de una concesión, no de una venta.

Esta fórmula se utiliza en el País Vasco, donde más del 70 por ciento de los pisos construidos son de protección oficial y en países como en Holanda, donde no existe un sentido de la propiedad tan acentuado como en España.

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